El precio de la gasolina en Colombia: una crónica de ajustes, estabilidad y crisis fiscal

En Colombia, el precio de la gasolina ha sido una variable que refleja no solo los vaivenes del mercado internacional, sino también las decisiones políticas y económicas de los gobiernos de turno. Durante los últimos veinte años, cuatro presidentes han tenido en sus manos la compleja tarea de equilibrar el costo de los combustibles, una decisión que afecta a millones de colombianos, al transporte público, y a la economía en general.

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010): la creación del FEPC

El 2002 marcó el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un periodo en el que el precio de la gasolina comenzó en torno a los 4.000 pesos por galón. La política de Uribe estuvo caracterizada por un enfoque de disciplina fiscal y ajustes que buscaban alinear los precios internos con los internacionales.

El momento clave llegó en 2007, con la creación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Esta herramienta buscaba proteger a los consumidores de las fluctuaciones abruptas en los precios del petróleo, absorbiendo parte del impacto y evitando aumentos drásticos. Sin embargo, esta decisión también implicó un costo fiscal importante.

Para 2010, el precio de la gasolina había alcanzado los 7.500 pesos, lo que representó un incremento cercano al 87,5% durante los ocho años de Uribe en el poder. Las decisiones de su gobierno dejaron una estructura que sería heredada por su sucesor.

Juan Manuel Santos (2010-2018): continuidad y moderación

Con la llegada de Juan Manuel Santos en 2010, la política de precios de combustibles se mantuvo en líneas generales. Santos optó por moderar los incrementos, manteniendo una tendencia al alza que fue considerablemente más suave que la de su predecesor.

Durante su gobierno, el precio de la gasolina subió de 7.500 a 8.500 pesos, un alza aproximada del 13,3%. La estrategia de Santos se basó en el uso continuo del FEPC para evitar aumentos bruscos, aunque comenzaban a emerger críticas sobre el creciente déficit que esta estrategia estaba generando en las finanzas públicas.

Iván Duque (2018-2022): estabilidad y consecuencias fiscales

Iván Duque llegó a la presidencia en 2018 y adoptó una política de congelamiento de precios durante la mayor parte de su mandato. Esta decisión, popular en el corto plazo, evitó aumentos significativos, manteniendo el precio de la gasolina alrededor de los 8.500 a 9.000 pesos.

Sin embargo, la estabilidad en los precios tuvo un costo elevado. Al no ajustar los precios de acuerdo con el mercado internacional, el déficit del FEPC se disparó a niveles históricos, alcanzando cerca de 70 billones de pesos hacia el final de su mandato. Las críticas no se hicieron esperar, señalando que esta política había postergado una crisis inminente.

En julio de 2022, poco antes de entregar el gobierno, Duque autorizó un leve aumento de 150 pesos por galón, reconociendo que el precio real estaba desfasado frente a la realidad internacional.

Gustavo Petro (2022-2025): aumentos y tensión social

El gobierno de Gustavo Petro marcó un cambio drástico en la política de combustibles. Desde septiembre de 2022, Petro anunció incrementos mensuales de hasta 600 pesos por galón, argumentando que era necesario cerrar el déficit del FEPC y reflejar los precios internacionales.

Para noviembre de 2024, el precio promedio de la gasolina había escalado a 14.564 pesos, lo que representaba un aumento del 61,8% en poco más de dos años de gobierno. Esta política generó protestas de diversos sectores, especialmente de transportadores y camioneros, que argumentaban el impacto negativo sobre sus costos operativos y el alza en el precio de los bienes de consumo.

A pesar de las tensiones, Petro defendió los incrementos como una medida necesaria para sanear las finanzas del país y cumplir con compromisos ambientales que buscan reducir el uso de combustibles fósiles.

Reflexiones finales: el desafío del equilibrio

La historia del precio de la gasolina en Colombia es un reflejo de las tensiones entre la política económica, la sostenibilidad fiscal y las presiones sociales. Desde Uribe hasta Petro, los gobiernos han navegado entre incrementos necesarios y decisiones que buscan evitar descontento popular.

Sin embargo, el déficit acumulado y las crisis sociales derivadas de los ajustes muestran que, tarde o temprano, la decisión de incrementar el precio de la gasolina es inevitable. La clave parece residir en encontrar un balance que permita proteger las finanzas públicas sin golpear en exceso a la población más vulnerable. Además, es crucial que los futuros gobiernos adopten estrategias complementarias, como el impulso a energías renovables, la electrificación del transporte público y la generación de subsidios focalizados que mitiguen el impacto del alza en sectores sensibles. La transición energética debe ir acompañada de pedagogía ciudadana y un plan de mediano y largo plazo que reduzca la dependencia del petróleo, garantizando estabilidad económica y justicia social.